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Queridos amigos de ANGED, miembros de la Junta Directiva, profesionales del sector, representantes públicos y periodistas. Bienvenidos todos. También quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en directo a través de nuestras redes sociales.
Me gustaría comenzar agradeciendo a Daniel Calleja su presencia en este acto. Cualquier análisis económico y empresarial se debe hacer hoy desde una perspectiva global y, en nuestro caso, europea. Sin duda nos has ayudado a comprender parte de la enorme complejidad a la que nos enfrentamos.
No quiero tampoco dejar de agradecer a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, su participación. En nombre de ANGED y todas sus empresas quiero trasladarte nuestro total apoyo en la nueva etapa de diálogo social que comenzará en los próximos días. Un diálogo social que se va a desarrollar en un entorno de extrema complejidad política, social y económica. Estamos, sin duda, en unos momentos de gran trascendencia para el futuro de las empresas y en el que, por tanto, la unidad empresarial entorno a la CEOE y su Presidente es más importante que nunca.
El comercio tiene una capacidad innata para anticipar los vientos de cambio sociales y económicos. La historia del comercio es una permanente adaptación al entorno liderada por empresarios audaces dispuestos a invertir más recursos, talento y tecnología al servicio de los consumidores.
El informe de sostenibilidad de ANGED que hemos presentado hoy refleja perfectamente este enfoque estratégico. Nuestras empresas están construyendo las bases de un comercio capaz de ofrecer soluciones a los desafíos medio ambientales, mejorar sus estándares de buen gobierno y su impacto positivo en la sociedad. En definitiva, trabajan para ser más eficientes y socialmente responsables, porque esa es la piedra angular de nuestro negocio.
Hoy, a la doble transformación digital y sostenible que vive nuestro sector se le ha sumado una gravísima crisis energética y su consecuente espiral de costes.
La inflación es el peor enemigo de la sociedad, también de la Distribución, porque depreda los márgenes empresariales y recorta la renta y el consumo de los hogares. Frente a relatos conspiratorios y el populismo, conviene ser muy claros en este asunto: Nadie saca rédito con la inflación. Destruye riqueza y perjudica gravemente la competitividad de las empresas.
Nos hace más pobres y vulnerables en un momento crítico para nuestra economía:
- España es, entre los grandes países del euro, el más retrasado en recuperar los niveles de actividad previos al covid. En el mejor de los escenarios, habrá que esperar a finales de 2023.
- El consumo en el comercio sigue 5 puntos por debajo de 2019.
- Los beneficios empresariales, que en 2021 todavía estaban un 8% por debajo del nivel prepandemia, no encaran una coyuntura favorable en 2022
- Pese a la recuperación del mercado laboral, seguimos siendo “campeones” del paro en Europa.
- Ningún país europeo ha elevado tanto la deuda pública en los últimos 3 años, que se sitúa en niveles alarmantes cercanos al 117%del PIB, y sin visos de contención en el gasto público.
- Nuestra balanza comercial, artífice de la salida de la anterior crisis financiera, acumula un saldo negativo de más de 32.000 millones hasta junio, como consecuencia de nuestra dependencia energética.
Los datos nos ponen ante el espejo. No son el resultado de relatos ingeniosos, si no el diagnóstico clínico de una economía débil que demanda reformas urgentes.
Más allá del complejo contexto geopolítico que por desgracia nos toca vivir, la recuperación de cualquier economía pasa en primer lugar por disponer de un sector empresarial dinámico y un entorno normativo seguro y estable para las empresas, que en definitiva son las que crean riqueza.
La tentación populista de convertir al empresario en un chivo expiatorio de los males de la economía o en un comodín del que seguir extrayendo recursos es una apuesta de alto riesgo. Vamos por un camino muy peligroso si convertimos España en un país hostil para la inversión y el emprendimiento. Nos puede llevar a un estancamiento secular del PIB, con un reparto menguante de la riqueza.
En los últimos días hemos escuchado con enorme asombro un diagnóstico totalmente falso de la distribución alimentaria, con una propuesta inaplicable de poner tope a los precios costa de los estrechísimos márgenes de las empresas.
La realidad es que la distribución es un sector responsable y eficiente: las empresas ya llevan meses realizando enormes esfuerzos para contener la escalada de costes que sufre toda la cadena agroalimentaria. De hecho, la variación media del IPC de alimentos en los últimos 12 meses ha sido del 6,5%, es decir, casi 7 décimas inferior al crecimiento del IPC general. Aguas más arriba, la electricidad en los mercados mayoristas ha escalado un 282% desde enero de 2021 y el gas, un 395%. Otros componentes tan importantes para la producción alimentaria como los cereales se han encarecido por encima del 170%. Mientras que el vidrio, el cartón o el plástico repuntan un 120%. Los precios industriales, según el INE, han crecido el 12%
Por tanto, la propia dinámica competitiva del sector, como recuerda la CNMC, ya genera incentivos para reducir márgenes y ajustar los precios.
En este asunto como en muchos otros, los empresarios españoles están demostrando altas dotes de “resiliencia”, término de moda, que no es otra cosa que la capacidad de superar eventos traumáticos. Para la distribución comercial, como otros muchos sectores, los últimos 3 años han sido un ejercicio permanente de superación de adversidades: pandemia, hundimiento del consumo y restricciones de actividad, cuellos de botella logísticos, escasez de materias primas, paros de transporte, escalada energética, guerra en Ucrania…
Pese a todo, nuestras empresas han recuperado los niveles de empleo de 2019; han invertido 1.500 millones de euros en los dos años de pandemia; han aportado unos ingresos fiscales para el Estado de 4.000 millones de euros al año y han generado otros 6.750 millones al año en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.
Como les decía, un entorno normativo seguro y estable es fundamental para superar los obstáculos. Sin embargo, en medio de una crisis energética, algunas políticas de las Administraciones están acelerando la espiral de costes.
Según estimaciones de CEOE, el coste regulatorio para el comercio con el COVID ya creció en 1.774 millones de euros, como consecuencia de la hiperregulación creada por más de 3.000 nuevas normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales.
Esta tendencia no ha cesado en el último año. Nuestras empresas se han visto afectadas por una treintena de medidas que encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas.
En España se ha propuesto avanzar más rápido y con más carga que en Europa en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética. Y de forma fragmentada entre comunidades autónomas.
Repito el dato: en el último año se han impulsado 32 nuevas normas y cargas regulatorias para el Comercio, pueden pedir el listado completo al equipo de ANGED.
Sin entrar a valorar el fondo o la conveniencia de todas estas medidas, lo cierto es que no son neutras, añaden costes muy importantes, que hacen imposible frenar la escalada general de precios impulsada por la energía.
Ante esta situación de incrementos absolutamente desproporcionados de costes para las empresas y la consiguiente espiral inflacionista, consideramos que se debería proceder a:
Medidas que reduzcan los costes energéticos. A pesar de que nuestras empresas han recortado hasta en un 33% su consumo eléctrico en la última década, gracias a fuertes inversiones, siguen siendo grandes consumidoras de energía. Sería necesario establecer un marco de medidas similares al de los sectores electrointensivos de la Industria que nos permita el acceso a las fuentes de energía en mejores condiciones.
Realizar una profunda revisión de aquellas normas vigentes o previstas que representen un incremento adicional de los costes de las empresas.
Evitar nuevos impuestos que frenen la recuperación de la actividad y el empleo. En particular, aquellos impuestos que encarecen los procesos de producción de productos básicos, como los alimentos.
Dar a las empresas la flexibilidad imprescindible para cumplir los objetivos y ajustarse a las nuevas condiciones del entorno económico.
Generar incentivos para la modernización de las empresas y acompañar al sector privado en la doble transición digital y sostenible. Eso implica pasar de un enfoque sancionador (multas, impuestos y obligaciones) a otro que promueva la inversión e innovación.
Preservar la unidad de mercado. España no puede permitirse el lujo de fragmentar su mercado interior en cuestiones fundamentales como el medio ambiente, la protección del consumidor o la libertad de empresa.
Rebaja de los impuestos para mejorar la renta de los hogares. Por ejemplo, medidas como deflactar la tarifa del IRPF o las rebajas puntuales del IVA pueden mitigar el impacto de la inflación en la renta de los hogares y, en consecuencia, dinamizar el consumo y el empleo. Es lo que, con buen criterio, ha hecho el Gobierno finalmente con el gas.
Concluyo insistiendo en la idea central de este discurso: los empresarios son una piedra angular de una sociedad civil sana y una fuente indispensable para generar riqueza y empleo.
Echo en falta una mayor sensibilidad por parte de los responsables públicos hacia la dura realidad que están viviendo las empresas. Tenemos que evitar debates estériles y medidas oportunistas. El objetivo prioritario de la política económica debería girar en torno a las reformas estructurales que ayuden a mejorar nuestra competitividad. En definitiva, esa es la única vía para generar más inversión, riqueza y empleo para el futuro de España.
Muchas gracias.