El mercado único europeo de servicios sigue lejos de su potencial real. Trece años después de la aprobación de la Directiva de Servicios, un estudio reciente del Parlamento Europeo reconoce que la regulación de servicios sigue fragmentada y persisten algunos requisitos excesivos al desarrollo de actividades tan importantes como el comercio.
Según los cálculos de la Eurocámara, las barreras regulatorias tienen un alto coste económico para el continente. El PIB de la UE podría sumar 279.000 millones de euros con una reducción del 50% de las restricciones actuales a los servicios, pudiendo escalar hasta los 457.000 millones en caso de simplificar y reducir hasta en un 80% las barreras que pesan sobre el mercado único actualmente.
Las principales recomendaciones no por ser reiterativas desde hace años dejan de tener vigencia. Por un lado, los autores del informe insisten en la necesidad de abordar las distorsiones inducidas por el sesgo interno de las regulaciones nacionales y avanzar hacia una mayor armonización. Por otro lado, también insisten en abordar el exceso de trámites burocráticos y reducir la complejidad en todos los niveles.
En este sentido, cabe recordar que sólo el año pasado se publicaron en España más de 1 millón de nuevas páginas de legislación, entre normativa del Estados y de las CCAA, alcanzando cifras históricas, como señalaba recientemente CEOE.
El caso de España
España es el segundo país de la Unión Europea que más se podría beneficiar de una aplicación plena de la Directiva de Servicios, con un crecimiento del 3,6% del PIB y un repunte de la productividad -talón de Aquiles de nuestra economía-, del 9%, según el estudio Making EU trade services work for all elaborado por Copenhagen Economics en 2019.
La Directiva de Servicios fue impulsada con el objetivo de eliminar el gran número de obstáculos que impiden y frenan el desarrollo de los servicios en el seno de la UE. Desde su trasposición en España, en el caso del comercio ha vivido una revolución sin precedentes, marcada por la disrupción digital, la transformación del consumo, la sostenibilidad y la emergencia de grandes competidores globales. Pese a todo, el intervencionismo autonómico y una fragmentación interna en 17 mercados ha situado a España como el segundo país de la UE con más barreras al establecimiento y al ejercicio del comercio, como ha señalado la Comisión Europea en los últimos años.
