La reforma de la fiscalidad constituye sin duda una de las piezas clave sobre la que se va a desarrollar la política económica en los próximos años. Más allá del fuerte entorno de incertidumbre global que ha provocado la guerra de Ucrania, los cambios fiscales en marcha y los previstos tendrán profundas implicaciones en empresas, ahorradores, inversores y consumidores.
En el debate público la mayoría de las veces se aborda cualquier reforma de los impuestos desde el lado exclusivo de los ingresos: qué impuestos se pueden subir o bajar. Sin embargo, como recuerda el Instituto de Estudios Económicos (IEE), “debería abordarse una mejora decidida de la eficiencia del gasto público y plantearse primero un análisis sobre en qué medida los recursos actualmente disponibles están siendo empleados de una manera eficaz y eficiente“. Los expertos del IEE añaden que “la eficiencia en el uso de los recursos públicos puede considerarse, en cierto modo, un preámbulo para que se produzca una reducción de la desigualdad, en tanto que la mejora de la gestión de estos recursos y de los servicios prestados constituye, en sí misma, una redistribución de la riqueza”.
En este sentido, España tiene un amplio margen de mejora. Según el Índice IEE de Eficiencia del gasto público, España obtiene una puntuación de 74,4 y se sitúa en la posición 29 de 37 países analizados, muy por debajo de la media de la UE (98,6 puntos) y de la OCDE (100 puntos). Una posición que se ha deteriorado si cabe desde 2019, en un contexto de pandemia y crisis en el que muchos sectores todavía no han recuperado los niveles de actividad previos al covid.
Hace unos días, se presentó Libro Blanco de la Reforma tributaria del Comité de Expertos que incorpora una amplia batería de propuestas de subidas fiscales y creación de nuevas figuras. El IEE advierte de nuevo de que “no es el momento de llevar a cabo una reforma fiscal que implique subir impuestos tras años de aumento de presión fiscal en nuestro país, ni tampoco se deben hacer anuncios de posibles futuras subidas, en cuanto ello supone un deterioro adicional de la confianza empresarial. De hecho, lo deseable sería poder bajar los impuestos, especialmente los que recaen sobre las empresas, a semejanza de lo que ya han hecho muchos países de nuestro entorno en la pasada crisis para facilitar la liquidez y la solvencia empresarial como palancas de reactivación económica”.
Según sus estimaciones, las Administraciones Públicas en España pueden reducir un 14% su nivel de gasto y “seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE”. Lo que se traduce en 60.000 millones de euros de ahorro.
Entre las medidas que proponen para alcanzar este ahorro se encuentran:
- La implementación de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas
- Gestión profesionalizada e independiente
- Evaluación constate de las políticas públicas
- Fomentar la colaboración público-privada
- Favorecer la corresponsabilidad fiscal
- Mejorar la colaboración y cooperación entre organizaciones públicas y reducir la burocracia
- Mayor flexibilidad y orientación al mérito en el empleo público
- Presupuesto basado en desempeño
- Tratamiento de los usuarios de los servicios públicos como clientes
- Digitalización de las Administraciones Públicas
