El debate sobre el sistema fiscal siempre es poliédrico y de él dependen buena parte de las grandes cuestiones de la política nacional, como el equilibrio de las cuentas públicas, la calidad de los servicios o la competitividad de las empresas, entre otras muchas cuestiones. No obstante, para el Instituto de Estudios Económicos (IEE) “lo que debería ser absolutamente claro es que, dada la difícil coyuntura actual, no es el momento de incrementar los impuestos en España”.
En su último informe sobre La competitividad fiscal de las comunidades autónomas el IEE incide en que hay que “facilitar la adaptación y reconversión de nuestro tejido productivo a la nueva situación – sólo el comercio perdió 20.000 millones de euros de facturación a causa del covid-19- y por tanto “subir impuestos supondría lastrar este proceso de adaptación y truncar la recuperación económica y nuestro crecimiento potencial”.
Los autores del estudio discuten el punto de partida tomado por el Ejecutivo para la reforma fiscal, para elevar los niveles de recaudación sobre el PIB 6 puntos para aproximarse a la media europea. En su opinión, nos puede llevar a “la paradoja de querer armonizar la presión fiscal normativa a base de impuestos sin homogeneizar previamente indicadores como nivel de renta, desempleo o economía sumergida”. Es decir, se puede anteponer dicha subida de impuestos al crecimiento de las bases económicas.
De hecho, el IEE estima que una armonización fiscal de tal calado en España “podría tener, con base en las estimaciones de multiplicadores fiscales, un efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB, y una pérdida de empleo del orden de dos millones”. Como alternativa, los investigadores son más partidarios de enfocar la reforma fiscal hacia el “incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca del empleo, y, por lo tanto, de una redistribución sostenible en el tiempo, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno”.
La competencia internacional
Como ya comentamos hace unos meses en nuestro blog, la presión fiscal normativa para España se sitúa en 110,5 puntos, es decir, es un 10,5% más elevada que la media de la UE. Además, según el Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, España se situó en 2020 en la posición 27 de 36 países analizados, cuatro puestos más abajo que en 2019, lo que muestra una pérdida notable de competitividad.
En este sentido, el IIE recuerda que “cualquier reforma fiscal se enfrenta en nuestro país, como en el resto, a difíciles equilibrios políticos y territoriales, a la necesidad de tener en consideración las reglas de la UE y a las medidas que adoptan unilateralmente otros países cuyas economías compiten con la nuestra”. Un elemento que no siempre se ha tenido en cuenta dada la complejidad de nuestro modelo actual, la fragmentación (que afecta especialmente a algunas actividades económicas) y la inseguridad que genera los permanentes cambios legislativos.
Para que un sistema tributario sea eficiente, el IEE entiende que tendría que “canaliza la recaudación con el menor grado de distorsiones posible. Ello implica que trata de no modificar las preferencias y decisiones de los distintos agentes y que tiene unas reglas que son de aplicación clara, sencilla y general, evitando entramados legislativos complejos que generan elevados costes de cumplimiento. Por su parte, un sistema tributario competitivo es aquel que se diseña con unas perspectivas de derecho comparado y en el que se mantienen unas condiciones favorables que permiten la atracción de capital y talento, o al menos la no expulsión hacia otras regiones”.
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