CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, publicó en el mes de febrero el informe de “Producción normativa en 2020”. En un momento especialmente complicado para las empresas, el informe analiza, un año más, la complejidad del marco legislativo español y la carga regulatoria para las empresas. Entre las principales conclusiones destaca el número de normas estatales aprobadas, que aumentó más de un 22% en comparación con 2019. En el caso de las normas autonómicas con rango de ley, el aumento es de un 7%.
Con el objetivo de ofrecer de manera sencilla y esquemática una visión global de la cantidad de normas que anualmente se producen en España, la CEOE publica esté informe desde el año 2015. España posee “un entramado normativo complejo, inherente a un sistema de gobernanza multinivel que provoca que en el territorio español se apliquen normas europeas, estatales, autonómicas y locales, además de los acuerdos internacionales”. Desde ANGED nos sumamos al objetivo de la CEOE demandando un marco institucional claro y simple para las empresas, que favorezca el crecimiento económico y el desarrollo empresarial. “La producción normativa no puede ser injustificada, desproporcionada o discriminatoria”.
En el último informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum (2019), España se sitúa en el puesto 114 de 141 países en cuanto al nivel de carga regulatoria al que deben hacer frente las empresas.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, defiende en su última entrevista para ANGED la necesidad de “trabajar para avanzar hacia un marco legislativo más moderno y sencillo, puesto que el exceso de burocracia actual lastra la competitividad de nuestras empresas, que tienen que dedicar ingentes esfuerzos y recursos para cumplir toda la normativa vigente”.
LA PRODUCCIÓN NORMATIVA ESTATAL
“En el año 2020, en España, se aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior”. Aunque en los últimos años no se alcanzan las elevadas cifras del inicio del periodo democrático, se aproximan a los niveles medios de producción normativa de la primera década del siglo XXI. Es importante tener en cuenta que, durante el año pasado, la necesidad de actuar con rapidez ante la crisis pandémica influyó significativamente en el aumento de producción normativa registrado.
Según datos del informe de CEOE, “el número de reales decreto ley ha sido por quinto año consecutivo superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE”. Además, “2020 ha sido el año en el que más reales decreto ley han sido publicados en España”.
En cuanto a las páginas del BOE, “en 2020 se editaron un total de 191.776 páginas, lo que supone un descenso del 10,5% respecto al 2019, año en el que las páginas publicadas fueron 214.2832.
LA PRODUCCIÓN NORMATIVA AUTONÓMICA
El informe de “Producción normativa en 2020” revela que “las normas con rango aprobadas por las comunidades autónomas, y recogidas en el propio BOE, ascendieron a 332 en 2020, lo que significa un aumento del 7,44% sobre las 309 normas adoptadas en 2019”. El número de normas con rango de ley procedentes de las comunidades autónomas en 2020 fue seis veces mayor que las normas con rango de ley estatales.
EL CASO DEL COMERCIO
Justo hace un año, la Comisión Europea recordaba en su informe sobre España que la fragmentación del mercado afecta especialmente a sectores como los servicios profesionales, el comercio, el transporte o la innovación.
Su diagnóstico sobre este problema en España es claro: “De acuerdo con el indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista, España está entre los diez Estados miembros que más restricciones imponen a la apertura de establecimientos minoristas y el segundo más restrictivo en cuanto a su explotación. Según el indicador de la regulación del mercado de productos de la OCDE, España es también más restrictiva que la mayoría de los 22 Estados miembros de la UE que también forman parte de la OCDE. La regulación de los establecimientos minoristas es competencia de las comunidades autónomas, y existen importantes diferencias entre ellas en lo que respecta al grado de restricciones a la apertura y la explotación de negocios minoristas”.