Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, considera que los fondos europeos de recuperación son “una oportunidad que tiene que ser una palanca para salir de la actual crisis, pero también para acometer reformas que necesitamos para robustecer nuestra economía”, y apuesta por “cuatro ejes fundamentales: digitalización, reindustrialización, apuesta por la transición ecológica y el impulso de la igualdad de género”.
El presidente de la CEOE participa en #TopCEOsDistribución, un ciclo de entrevistas con los máximos responsables del sector empresarial, para reflexionar sobre la llegada de los fondos europeos para la recuperación, los retos de las empresas en el futuro o sobre la necesidad de alcanzar un marco legislativo más moderno y sencillo.
Pregunta: Los fondos europeos para la recuperación pueden ejercer un impacto muy positivo sobre la economía española, siempre que el engranaje del reparto, destino y control de esos fondos funcione adecuadamente. Usted mismo ha dicho que el Real Decreto del Gobierno tiene que mejorar, ¿en qué cuestiones?
Respuesta: La situación complicada en la que nos encontramos económicamente como consecuencia de los efectos de la pandemia de COVID-19 requiere de una respuesta legislativa que dote de agilidad a los fondos de reconstrucción Next-Generation de la Unión Europea. Por ello, desde CEOE remitimos el pasado mes de noviembre una propuesta de reforma legislativa para que el reparto y gestión de estos fondos sea ágil, transparente y eficaz.
Hubiera sido deseable que el decreto del Gobierno aprobado por el Congreso de los Diputados hubiera recabado un mayor consenso, al menos de las principales fuerzas políticas de este país, dado que se trata de una oportunidad única que no podemos desaprovechar para contribuir a la salida de la crisis.
Igualmente, hubiera sido positivo introducir más medidas encaminadas a la desburocratización y evitar cuellos de botella en la Administración que, lo que consiguen es ralentizar los procesos y desincentivar a las empresas a participar en estos proyectos.
El hecho de que existan facilidades y agilidad es capital, especialmente para las pymes y autónomos de este país, a quienes debe llegar también este potente instrumento de reconstrucción articulado por la Unión Europea. Unos fondos que, pese a las dificultades existentes durante la negociación, se pusieron en marcha en tiempo récord, por lo que no podemos más que felicitarnos en ese sentido.
Ahora nos toca hacer los deberes como gran país que somos. Es fundamental que no fracasemos en este sentido, ya que España tiene, tradicionalmente, un porcentaje de ejecución de proyectos europeos muy inferior al de otros países de nuestro entorno.
Desde CEOE queremos ayudar a las empresas. Para ello, hemos puesto en marcha, en nuestra plataforma ‘CEOExEuropa’, un nuevo servicio de información sobre licitaciones y convocatorias de subvenciones por parte de todas las administraciones públicas del país (estatales, autonómicas y locales). Recogerá información tanto de convocatorias ordinarias, como de las ligadas a los fondos Next-Generation EU, incluida la posibilidad de activar un sistema de alertas por correo electrónico y poder participar en foros y webinars.
Pregunta: Hay una agenda de reformas paralela indisociable a estos fondos europeos. Desde CEOE, ¿cuáles piensan que son los ejes prioritarios para modernizar nuestra economía?
Respuesta: La economía española necesita estos fondos de reconstrucción para recuperar el tejido económico que, sobre todo en el caso de algunos sectores como el hostelero o el turístico, han quedado muy dañados. Pero estos fondos no pueden utilizarse de cualquier forma. Tenemos la obligación de usarlos con celeridad y sin burocracia, pero de forma correcta.
Esta oportunidad tiene que ser una palanca para salir de la actual crisis, pero también para acometer reformas que necesitamos para robustecer nuestra economía. En esta línea, han de aprovecharse al máximo los fondos de reconstrucción, desde una colaboración público-privada permanente y realizando inversiones que generen retorno a la sociedad y al sistema productivo.
En este punto, ante los retos que tenemos por delante, desde CEOE hemos planteado al Gobierno un paquete de 21 estrategias de país, aglutinadas en torno a cuatro ejes fundamentales: digitalización, reindustrialización, apuesta por la transición ecológica y el impulso de la igualdad de género.
Se trata de cuatro aspectos esenciales sobre los que pivotará la recuperación y que, además, ayudarán a afrontar no solo los problemas que han acaecido con la llegada de esta crisis, sino que servirán para atender otras necesidades que ya estaban ahí, antes de 2020 y que la pandemia ha exacerbado.
Pregunta: Esta crisis plantea a todas las empresas desafíos enormes. En el marco del diálogo social, ¿en qué debería mejorar el actual marco de relaciones laborales para facilitar la recuperación de las empresas?
Respuesta: En líneas generales, en CEOE estamos satisfechos por los frutos que ha dado el permanente diálogo social. No en vano, desde que irrumpió la pandemia hemos alcanzado acuerdos muy importantes, como la renovación de los ERTE o la Ley del Teletrabajo.
Además, la voz de los empresarios se ha escuchado en el marco de muchas otras cuestiones, como el reparto de ayudas directas a empresas en dificultades dentro de esos 11.000 millones de euros activados este mes de marzo para seguir amortiguando la crisis.
La generosidad y la altura de miras de la empresa española no se pueden cuestionar, y mucho menos desde que en marzo del pasado año estallara la pandemia y sus consecuencias sobre la economía: son millones los empresarios y autónomos que luchan cada día por mantener el empleo, pese a todos los inconvenientes.
Estamos, además, plenamente comprometidos con la lucha contra la pandemia, puesto que salud y economía van de la mano. Es por eso que hemos puesto en marcha desde Fundación CEOE el Plan Sumamos, con el fin de que las empresas sean, junto a las administraciones públicas, corresponsables de la detección precoz de los casos de coronavirus.
Pero pese a todos estos esfuerzos de las empresas y a los acuerdos que se han alcanzado en la mesa del diálogo social, hay cuestiones que han de ser atendidas por parte del Gobierno y que no podemos demorar más.
El pasado mes de marzo, y durante los primeros meses de pandemia, las empresas tenían un problema de liquidez. Pero nadie -ni las autoridades sanitarias- pensó que se iba a prolongar tanto tiempo la crisis sanitaria y, en consecuencia, las limitaciones a la actividad económica. ¿Qué sucede entonces? Que muchas empresas y autónomos ya están sufriendo problemas de solvencia y, si no se atienden sus necesidades, corremos el riesgo de que desaparezcan. Cuanto mayor sea el tejido productivo que ahora no seamos capaces de salvar, más complicada será la reconstrucción económica y del mercado laboral.
En este contexto, se hace indispensable articular más medidas de apoyo financiero a las empresas y proporcionar ayudas directas a los sectores más castigados. Pero también salvaguardar aquello que está funcionando dentro del actual marco de relaciones laborales. No solo eso, en el actual marco de incertidumbre sin precedentes, es básico que seamos capaces de dotar a las empresas de la flexibilidad necesaria para que se puedan adaptar a un entorno tan cambiante.
Flexibilidad, recordemos, para poder sostener las plantillas y, en tanto que Bruselas también lo demanda, ver de qué manera podemos reducir la dualidad del mercado laboral. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con lo que cambiamos en aspectos como la subcontratación, en un país en el que la externacionalización y la contratación en cascada es la base de un modelo económico que ha demostrado que funciona.
Y si ponemos las luces largas, yendo más allá del contexto actual, que seguro que entre todos conseguiremos superar, subyace una cuestión importantísima para el futuro de este país: la formación. Hemos avanzado, pero ahora, con la reforma de leyes como la de la Formación Profesional (FP) se necesita contar más que nunca con las empresas, para que el sistema educativo y el económico vayamos de la mano.
Arrastramos en España, tradicionalmente, una tasa de desempleo muy elevada, mientras que nos encontramos con la paradoja de que muchas empresas no encuentran determinados perfiles para cubrir vacantes. Este desajuste hemos de solventarlo, porque conseguirá que nuestra economía sea más competitiva. Estamos ya trabajando dentro del diálogo social con el Ministerio de Educación y FP en este sentido y deseamos que sigamos caminando en la buena dirección.
Pregunta: La OCDE, la Comisión Europea y la propia CEOE llevan años alertando del elevado coste que tiene para los agentes económico la ruptura de la Unidad de Mercado y el exceso de regulación. ¿Cómo podemos avanzar en esta cuestión clave para mejorar la seguridad jurídica de nuestro país?
Respuesta: Esto es algo muy importante, porque la recuperación de las empresas pasará, en muchos casos, por la apuesta por la internacionalización de la actividad económica. Por este motivo, se necesita un mercado único europeo cada vez más fuerte, con reglas claras que favorezca la competitividad. Precisamente, venimos reclamando desde CEOE, junto a BusinessEurope, que se garantice el mercado único y que no se produzcan cierres de fronteras unilaterales que terminan dificultando la actividad de las empresas europeas.
Pero a nivel nacional, debemos trabajar también para avanzar hacia un marco legislativo más moderno y sencillo, puesto que el exceso de burocracia actual lastra la competitividad de nuestras empresas, que tienen que dedicar ingentes esfuerzos y recursos para cumplir toda la normativa vigente.
En este sentido, hemos publicado ya en CEOE el informe sobre producción normativa correspondiente a 2020, con el que venimos analizando anualmente la complejidad del marco legislativo español. Entre las conclusiones del pasado año, sobresale que el número de normas estatales aprobadas aumentó más de un 22% en comparación con 2019, repunte que en el caso de las normas autonómicas con rango de ley es del 7%. Además, entre el BOE y los boletines oficiales regionales, se editaron en 2020 casi un millón de páginas. Todo ello en un año en el que los reales decretos han superado, por quinto año consecutivo, al total de leyes ordinarias aprobadas a nivel estatal.
Aunque somos conscientes de la excepcionalidad del ejercicio 2020 por la pandemia, quiero recordar que, en 2019, antes de la crisis económica y sanitaria actual, el último Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum, correspondiente a 2019, sitúa a España en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación. Esto prueba todo lo que España tiene todavía que hacer para conseguir una Administración más ágil.