Sumario:
Contexto actual: entramado legislativo denso y complejo
15.909 horas, casi dos años sin descanso, necesitaría un ávido lector para terminar las 954.568 páginas que sólo el año pasado se publicaron en los boletines oficiales del Estado y las Comunidades Autónomas. Al terminar, tendría en cola otras tantas páginas en espera de 2018 y 2019. Y así, año tras año.
El la era del big data y el machine learning, las máquinas pueden ayudarnos a ahorrar tiempo de lectura y análisis, sin embargo, esta anécdota no deja de encerrar una preocupación recurrente para el mundo empresarial: ¿En qué punto la legislación deja de ser proporcionada para convertirse en un cuello de botella para la actividad económica?
En efecto, una buena parte de las economías más competitivas tienen en común un marco normativo estable, sencillo y seguro, capaz de proporcionar certidumbre a los inversores y facilitar el día a día de ciudadanos y empresas. Por el contrario, “el entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas” y costes, advertía recientemente la CEOE en su Informe sobre la Producción Normativa.
Esta queja por parte de los empresarios no es nueva, pero no por ello menos alarmante.
Alarmas externas
De hecho, tanto la OCDE, como el FMI y la Comisión Europea han apremiado recientemente a España a abordar decididamente una simplificación normativa y reforzar la colaboración entre Administraciones en este ámbito. En concreto:
La OCDE recomienda a España en sus últimas previsiones “reducir aún más las barreras en los sectores de servicios generaría ganancias en el empleo y la productividad, una condición necesaria para un crecimiento sostenible a mediano plazo y niveles de vida más altos”.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte en su último análisis sobre la situación de España de que “las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizaran esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia y para reducir las barreras al crecimiento empresarial”.
También la Comisión Europea, en sus Recomendaciones para España del Semestre Europeo, demanda al Gobierno “fomentar la implementación de la Ley de Unidad del Mercado asegurando que, en todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el ejercicio de las actividades económicas, en particular para los servicios, estén en línea con los principios de esa ley y mejoren la cooperación entre las administraciones”.
Un impulso necesario para la transformación digital
En el marco de la transformación digital y el consecuente crecimiento del comercio electrónico, la superposición de normas administrativas, más su falta de adecuación a la nueva realidad tecnológica y del consumo representan un obstáculo para el crecimiento del comercio en España.
Sin ir más lejos, según la última Comunicación de la Comisión Europea sobre un Retail adecuado al siglo XXI, España es el segundo país de Europa con más barreras operativas al ejercicio comercio. Una regulación diseñada mayoritariamente para el comercio físico y que, como advierte la propia Comisión, limita la capacidad de las empresas para adaptarse y reaccionar a los cambios del e-commerce y la transformación digital.
“La acumulación de diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local tiene un impacto negativo”, según la Comisión, sobre los precios, la competencia, la innovación, la productividad y el empleo. Es decir, el exceso de regulación lo acaban pagando los consumidores.
Como advertía recientemente el presidente de ANGED, Alfonso Merry del Val: “Somos conscientes de que este cambio de paradigma del consumo y el comercio requiere una revisión normativa sin precedentes: desde aspectos técnicos como pueden ser el geoblocking, la protección de datos o los pagos electrónicos, entre otros; a cuestiones operativas fundamentales como una fiscalidad no discriminatoria, la libertad de establecimiento, la flexibilidad de horarios comerciales y, por supuesto, la unidad de mercado”.