La Comisión Europea ha vuelto a poner el comercio en la lista de reformas pendientes. En su último Informe sobre España 2017, advierte de que “persisten restricciones a la competencia, especialmente en el sector de los servicios. España es uno de los diez Estados miembros que regula el comercio minorista de forma más restrictiva. A nivel autonómico, solo se han registrado avances limitados en la puesta en práctica de la reforma del sector minorista de 2014“.
Bruselas pone el foco principalmente en los gobiernos autonómicos. Según su análisis, “no todas las Comunidades Autónomas han adoptado medidas para su puesta en práctica, aunque la conformidad de la normativa autonómica con la Ley nacional correspondiente se supervisa de forma sistemática“. En su opinión, “los beneficios” de la reforma del comercio minorista en España o la Ley de Garantía de Unidad de mercado “todavía dependen de que las Administraciones Autonómicas adopten los actos de ejecución necesarios”.
Recientemente, las autoridades comunitarias han apercibido en reiteradas ocasiones las comunidades autónomas por el exceso de restricciones en materia de comercio. Por ejemplo, en el Informe País de 2016, la Comisión señalaba que los beneficios de las reformas impulsadas en materia de comercio y unidad de mercado estaban “condicionadas” por los gobiernos regionales y su retraso en la adopción de medidas. Por otro lado, el Grupo de Alto Nivel sobre la Competitividad del Comercio ha alertado sobre el exceso de cargas administrativas y las barreras para el ejercicio de la actividad comercial.
Por su parte, el Informe sobre la estrategia para el mercado único presentado en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo hace hincapié en “la importancia de eliminar las restricciones operativas al ejercicio de la actividad al por menor, como la regulación de los horarios de apertura de los comercios, los impuestos específicos y selectivos de los comercios al por menor y la solicitud desproporcionada de información a las empresas“.
Desde ANGED defendemos un marco normativo estable, seguro y sencillo para el comercio, que sea capaz de facilitar la creación de nuevos negocios y empleos. En este sentido, una regulación moderna y acorde a la transformación digital y los grandes cambios del consumo que vive hoy el comercio, no puede imponer barreras innecesarias a la inversión, ni discriminar unas propuestas comerciales sobre otras.