Los Parlamentos autonómicos y nacional redactaron sólo en 2015 el equivalente a 700 ejemplares de la última edición conmemorativa del Quijote editada por la RAE. O lo que es lo mismo: casi un millón de páginas (961.291) de nuevas leyes, normas y reglamentos, según datos de la CEOE. Si se suman los 2.057 actos legislativos de la Unión Europea y otros miles de los ayuntamientos, el panorama es francamente abrumador. ¿Es necesaria, proporcionada y no discriminatoria tal hiperactividad normativa?
“Existe una relación directa entre la competitividad de un país y la seguridad jurídica“, aseguró José María Campos, director Legal de CEOE durante las jornadas sobre El impacto de la hiperregulación en la actividad empresarial. En su opinión, un inversor quiere un entorno claro, que no sea cambiante y que no conlleve una inversión muy alta en tiempo y recursos a la hora de interpretar la legislación. “El marco jurídico español es inabarcable. Cualquier empresa que viene a España se sorprende de la cantidad de leyes“, añadió. De hecho, como recordó Campos, el último informe país de la UE sobre España advierte de la pérdida de productividad que supone para España la profusión excesiva de regulación.
“Una de las consecuencias directas de este entramado normativo es el alto nivel de litigiosidad. En España entraron más de 8,4 millones de nuevos asuntos en los órganos judiciales”, recordó Ana Plaza, secretaria de CEOE. Otras consecuencia directa, es los problemas que ocasiona para la Unidad de Mercado y, por otro lado, las barreras operativas y de funcionamiento para las empresas.
El clamor empresarial en favor de una regulación más clara, sencilla y previsible no es nuevo. Desde hace años, sectores como el de la distribución han abogado por ello. Desde la Unión Europea se han comenzado a promover iniciativas en favor de la smart regulation, es decir, tender a simplificar el marco normativo, reducir las cargas administrativas y analizar tanto de forma previa como posterior el impacto económico y social que tiene una nueva norma.
En el debate de CEOE, muchos sectores coincidieron en que es necesario que por parte de los legisladores que se analice con detenimiento la necesidad de regular cualquier cuestión, consultando a los actores afectados y estimando su coste/beneficio.
Pero sobre todo, parece urgente una voluntad política para crear un entorno normativo más sencillo, que aliente la inversión y el emprendimiento, en lugar de generar barreras operativas y una ruptura innecesaria del mercado.