El comercio minorista celebra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros para establecer límites a las comisiones interbancarias para los pagos con tarjeta de crédito. Se trata de una reivindicación histórica del sector, que supondrá una mejora competitiva del comercio minorista y beneficiará asimismo a los consumidores, tal y como han reiterado las autoridades europeas, que preparan un Reglamento de obligado cumplimiento para los Estados Miembro.
Gracias a la medida del Gobieo, los comerciantes españoles podrán adelantar, como mínimo, dos años la aplicación del futuro Reglamento europeo y ahorrar en este periodo unos 400 millones de euros en comisiones (200 millones de euros al año).
España va a ser el primer país en aplicar esta normativa comunitaria para las tasas de intercambio (ya aprobada por el Parlamento Europeo en primera lectura), que fija una comisión máxima del 0,3% para los pagos con tarjeta de crédito; y para las tarjeta de débito en el 0,2% del valor de la transacción o siete céntimos de euro, la que resulte menor de ambas. Además, para las operaciones inferiores a 20 euros los límites serán de 0,2% para crédito y 0,1% para débito.
Tanto el Reglamento Europeo como la medida adoptada por el Gobieo ponen fin a una práctica abusiva por parte de las entidades financieras. Actualmente, el pequeño comercio es el que soporta las tasas por el pago con tarjeta más elevadas, que se sitúa de media en el 0,74% del valor de la transacción para pagos con tarjeta de crédito; y una comisión fija de 0,32 euros para las operaciones con tarjeta de débito. En este sentido, el sector espera que la reducción de costes estimule la confianza de las empresas y repercuta en el consumo que, en los últimos meses, ha iniciado un nuevo ciclo.
El sector ha defendido durante dos décadas en numerosos y prolijos procesos judiciales la aplicación de esta rebaja a las comisiones, incluso la supresión para los pagos con tarjetas de débito. La Confederación Española de Comercio (CEC) interpuso la primera denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia en 1997. En 2003, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), CEC y otras tres organizaciones del sector turístico y de la restauración presentaron una nueva denuncia ante las autoridades de Competencia, habiendo cuestionado previamente ante el Tribunal de Defensa de la Competencia las tasas aplicadas por los sistemas de pago. De hecho, el Tribunal de Defensa de la Competencia ya dejó constancia de que la forma en que se calculaban las tasas de intercambio vulneraba el derecho de la Competencia.
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