En la lista de tareas pendientes propuesta por la OCDE a España hay un sector que siempre aparece: el comercio. El último informe del organismo internacional volvió a poner el acento en la necesidad de flexibilizar los horarios comerciales y romper las barreras para la instalación de grandes formatos. Una reforma que, sin coste fiscal, contribuiría a dinamizar el consumo y el empleo.
“El exceso de regulación, en cuanto a licencias de instalación, horarios de apertura, y otras materias, supone un coste social elevado, que distorsiona de manera importante la actividad de la distribución minorista”, asegura el profesor del IESE Juan José Toribio en un estudio reciente sobre La Cadena Agroalimentaria. Su conclusión es que “en la actualidad existe una regulación más restrictiva en el sector del comercio minorista que la que se encontraba en vigor en la década de los noventa”.
Estas rigideces acaban perjudicando al consumidor. En primer lugar, porque las barreras a la entrada de nuevos competidores afectan a los precios. Y en segundo lugar, porque limita la generación de empleos, como han alertado el Banco de España o el FMI, entre otros.
Sólo la liberalización de horarios podría generar en el entorno de 160.000 puestos de trabajo directos, según un estudio del profesor de la UNED, Pedro Cortiñas, impulsado por el Ministerio de Economía. Otros investigadores, como Fernando Fernández del IE, cifra el impacto de la liberalización en 20.000 empleos en el medio plazo.