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La reforma de los horarios comerciales ha reabierto la caja de los truenos entre el Gobierno central y algunas comunidades. Pero más allá de la discusión sobre quién tiene las competencias para regular esta materia o de si perjudica más o menos al pequeño y gran formato, muchas veces se deja a un lado al gran beneficiado: el consumidor.
Sin ir más lejos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sido bastante contundente sobre la propuesta lanzada por el Gobierno: “Es claramente insuficiente puesto que no responde a las necesidades de una mayor flexibilidad de horarios de muchos consumidores”.
Desde ANGED llevamos tiempo advirtiendo de que la transformación social de los últimos años requiere modelos comerciales más flexibles, capaces de satisfacer las nuevas realidades. Los hogares unipersonales, las familias monoparentales y las parejas sin hijos –en los que todos los mayores de edad trabajan- representen hoy cerca de la mitad del conjunto de los hogares. Por eso, como señala la OCU “son muchos los consumidores para los cuales es una necesidad cada vez mayor disponer de flexibilidad y amplitud de horarios comerciales y de servicios”. Y sentencia: “Con la recesión económica actual llama la atención de la OCU que los poderes públicos puedan prohibir un acto de libertad tan simple como el que un comerciante abra sus puertas para que un ciudadano pueda comprar sus productos”.
Si es una medida que beneficia al consumidor y con capacidad para generar empleo y consumo, como el propio Ejecutivo ha manifestado desde el inicio de la legislatura, ¿por qué se ha apostado finalmente por una reforma blanda? ANGED ya ha manifestado que pasar de 8 a 10 el mínimo de domingos y festivos de apertura tendrá un impacto irrelevante porque deja las cosas prácticamente igual. No supone un estímulo a la competitividad del sector, al consumo y al empleo. Hay que recordar, que las restricciones actuales a la libertad de horarios tienen bloqueada la creación de 20.000 puestos de trabajo. Tampoco aporta nada nuevo las medidas anunciadas para las zonas de gran afluencia turística, porque los ayuntamientos y las comunidades ya tienen capacidad para acotar qué áreas urbanas tienen libertad de horarios.