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Sentencia del TC sobre el Impuesto a las grandes superficies de Cataluña

Por 19/06/2012Blog3 minutos de lectura

Barcelona, 19 de junio de 2012- El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Estado en 2001 contra el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Cataluña.

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ANGED respeta la decisión del Constitucional, pero entiende que no llega en el momento más oportuno. En primer lugar, por su retraso. El contenido de la sentencia se centra en la reciente modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 2009, cuando el recurso data de 2001. En segundo lugar, porque la situación económica actual, marcada por una acentuada caída del consumo, dista mucho de la de hace una década.

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Quedan por resolver los recursos interpuestos por cada empresa

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Esto representa que los recursos interpuestos por cada empresa, quedan pendientes de resolución a través de los distintos juzgados afectados, resolviendo en base a las distintas argumentaciones utilizadas, entre ellas la evidente discriminación y el resto de la normativa europea.

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Este tributo es discriminatorio

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La Gran Distribución representa un sector que en el transcurso de esta crisis ha realizado un gran esfuerzo por ajustar sus márgenes, rebajar los precios y facilitar la financiación de las compras, algo especialmente importante en el momento actual de descenso del crédito. Todo ello con el objetivo de asegurar el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar el consumo. Además, la gran distribución también ha hecho un esfuerzo por mantener el nivel de empleo por encima de la media nacional, desarrollar inversiones e impulsar las compras a proveedores nacionales. En el caso de Cataluña, las empresas de ANGED efectúan compras a los sectores textil, alimentación, perfumería y juguetes, entre otros, por un importe de alrededor de 8.000 millones de euros al año, a los sectores textil, alimentación, perfumería y juguetes, entre otros.

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En definitiva, se trata de un tributo que, por tanto, deteriora la capacidad de generar empleo y riqueza en un momento en el que es crucial recuperar la confianza tanto de consumidores como de empresas.

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