El debate público se ha polarizado en torno a cómo conjugar las políticas de austeridad necesarias para corregir el déficit, con aquellas medidas de inversión que impulsen el crecimiento y la salida a la crisis. Un tira y afloja que se ha trasladado al propio corazón del euro.
Muchos economistas advierten en cambio de que esta discusión no puede paralizar el proceso de reformas. Sobre todo, el de aquellas que son capaces de dinamizar la actividad y el empleo sin necesidad de aplicar recortes del gasto público o subidas de impuestos. El director de la Cátedra del Sistema Financiero Internacional de IE Business School, Fernando Fernández, aludía esta semana a una muy concreta: la liberalización de los horarios comerciales. En un exhaustivo estudio impulsado por el IE sobre “El impacto económico de la liberalización de los horarios comerciales”, Fernández concluye que la puesta en marcha de esta medida generaría 20.000 empleos en 3 años y un incremento del volumen de negocio en el comercio del 2,8%. Sin contar el efecto arrastre sobre otros sectores como el turismo.
El economista señala en el estudio que la evolución sociodemográfica, el auge del comercio electrónico y la relación entre ocio y consumo han transformado por completo los patrones tradicionales de compra. Por tanto, apela a un modelo comercial más flexible capaz de satisfacer las demandas de todos los hogares. Sin olvidar, por supuesto, los casi 60 millones de turistas extranjeros que cada año visitan España.
El profesor del IE concluye en esta investigación que “la libertad de horarios beneficia a la sociedad en su conjunto. Al trabajador porque aumenta la cantidad de los puestos de trabajo en el sector comercio, sobre todo para los grupos laborales que sufren más el desempleo, como los jóvenes y las mujeres. Al consumidor, porque favorece una presión a la baja de los precios y estimula la libertad de elección. Y, en definitiva, al conjunto de los contribuyentes porque al impulsar el crecimiento económico y el empleo aumenta la base tributaria y permite un reparto más equitativo de la carga fiscal”.